EL GOBIERNO BUSCA FIJAR POR LEY UN SALARIO PARA REPARTIDORES DE “APPS”
- Enviará este mes un proyecto al Congreso Nacional.
- El monto considerará las horas trabajadas.
El Gobierno nacional decidió avanzar en la regulación por ley del mercado laboral de delivery por aplicaciones, con la idea de considerar al trabajador como empleado de la compañía para la que opera, con derecho a indemnización, vacaciones pagas, aguinaldo y seguros de riesgo y médico.
Así lo indica el proyecto de ley elaborado por tres abogados laboralistas que asesoran al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “Es una decisión política para regular una parte del trabajo vía plataformas”, explicó una fuente con conocimiento del tema.
El objetivo oficial es que esto pueda ser girado al Congreso en el transcurso de las próximas dos semanas. Irá a las comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado y Diputados. Se convocará a empresas y a distintas asociaciones sindicales para discutirlo. El debate para la sanción en el recinto se daría para fines de abril o mayo.
La iniciativa le dará un marco regulatorio sólo al sector de mensajería, reparto o delivery, servicio que actualmente ofrecen en Argentina empresas como Pedidos Ya, Glovo, Rappi y UberEats, con entre 60 mil y 80 mil personas en actividad, según cálculos oficiales.
Publicidad
El texto no excede a ese universo, por lo que no alcanzará a servicios de transporte como Uber.
Contexto
El proyecto toma partido en torno al debate existente desde que se crearon estas empresas sobre si el trabajador es autónomo, es un pequeño empresario o un empleado en relación de dependencia.
Si bien no existe aún un criterio uniforme a nivel internacional, para la redacción se ha tenido en cuenta parte de la jurisprudencia global, como por ejemplo fallos dictados por la Justicia en California (Estados Unidos), Gran Bretaña, España, Francia, Italia y Brasil.
El Gobierno descartó así la idea de la autonomía del trabajador de una app y la tercera vía de considerarlo económicamente independiente. Si se sanciona la ley con el espíritu original, se considerará al repartidor como empleado de la firma con la que opera.
Publicidad
Esto estará en un estatuto específico para el sector, que completa la regulación de los aspectos más complejos para aquellos que necesitaban una modulación por el tipo de tarea que desempeñan, ya sea como única actividad o como ingreso complementario.
“El proyecto está pensado desde la perspectiva del trabajador, que en libertad decide cuándo comenzar a trabajar y cuándo dejar de hacerlo, esto de loguearse y desloguearse”, explicó una calificada fuente con conocimiento de la iniciativa.
Se ha tomado para el proyecto la idea de la “soberanía del tiempo de trabajo”, contemplada en el estudio de la Comisión sobre el Futuro del Trabajo, publicado en diciembre por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Publicidad
Ese trabajo exhortó a los países miembro (entre los que está la Argentina) a que se tomen medidas que faciliten una autonomía del tiempo de trabajo que satisfaga las necesidades de los trabajadores y de las empresas.
Una misión compleja, por la puja de intereses entre un sector y otro, que básicamente busca limitar la sobre explotación laboral y limitar la jornada laboral. La OIT recomienda aprovechar la tecnología para ampliar las oportunidades y conciliar la vida profesional con la personal, atacando las presiones derivadas de la difuminación de la línea divisoria entre el tiempo de trabajo y el tiempo privado.
En el Gobierno aseguran que con esta iniciativa que tiene el espíritu de lo que recomienda la OIT se dará una “proyección laboral moderada a las particularidades de un vínculo que se establece por voluntad del trabajador”.
Todos los detalles
El proyecto contempla una estructura de remuneración acorde con la libertad y horas de desempeño laboral efectivo del trabajador. Se establecerá una paga inicial que es igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualmente en 16.875 pesos.
Pero ese ingreso mínimo para el trabajador será determinado en forma proporcional a las horas de trabajo efectivo a lo largo del mes. Y se conjugará con una retribución que se establece por el tiempo que demanda la entrega y por espera.
Asimismo, la iniciativa incrementa la remuneración en el caso que el trabajador utilice para desempeñar la tarea medios propios, como ser bicicleta, motocicleta y hasta el teléfono celular en el que opera la app.
También habrá un adicional por prestación del servicio con adversidad climática: esto será percibido, por ejemplo, en días de tormentas. Y, quizás lo más importante, el trabajador tendrá derecho a vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización.
Se establecerá también un régimen de protección ante la enfermedad que conformará con un fondo de reserva con los aportes de los empleadores, equivalente a tres remuneraciones diarias promedio.
“Absolutamente todo será modelado a las particularidades del vínculo. Y todo se calculará con un promedio de lo percibido en el mes por el trabajador determinado por el estatuto”, señaló la fuentes consultada.
Esto, dicen en el Gobierno, no se ejecutará de un día para el otro. Habrá un periodo para que las empresas puedan adaptarse a este proceso de regularización. “Esto equilibra la viabilidad del modelo negocio con la irrenunciable obligación de proteger a los que trabajan”, dijo la fuente.
Y la empresa estará habilitada a “desconectar” definitivamente a un trabajador si en 30 días no conecta para ofrecer sus servicios. No obstante, dice la iniciativa, esto generará un “derecho a una indemnización” a favor del trabajador.
Se suma a esto la obligación para la empresa de contratar una Aseguradora del Riesgos del Trabajo (ART). Y se le otorgará al trabajador el “derecho a la información, a recibir datos acerca del algoritmo que se utiliza, cuáles son los criterios para el otorgamiento de tareas”.
Del mismo modo, el trabajador tendrá derechos colectivos: de asociación sindical, de negociación colectiva y de huelga.
La visión de los trabajadores
Juan Manuel Ottaviano, abogado de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), dijo a este medio que lo entusiasma el proyecto porque está elaborado desde una perspectiva de protección del trabajador y contra el “fraude laboral”.
“Es muy positivo que el Gobierno se anime a discutir en qué condiciones se van a dar los empleos del futuro. La incursión de la tecnología de avanzada en el mercado laboral requiere de cierta innovación en la regulación, pero sin dejar de lado el marco del derecho”, opinó.
En la actualidad, según explicó Ottaviano, las empresas que prestan el servicio “deciden cuánto les pagan” a los trabajadores, que “no tienen derecho a hacer ningún tipo de planteo, pedido, reclamo o sugerencia”.