AMPARO CONTRA EL DECRETO DE MACRI QUE REDUCE LAS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES LABORALES
Es la primera presentación ante la Justicia contra el DNU que cambió el índice para calcular los montos otorgados por muerte o invalidez del trabajador.
La justicia laboral recibió este martes la primera presentación judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia, mediante el cual el presidente Mauricio Macri dispuso la modificación del mecanismo de actualización de los salarios, utilizado para establecer la base de cálculo de las indemnizaciones en casos de accidentes laborales que provoquen una incapacidad o la muerte de un trabajador.
El abogado Daniel Igolnikov presentó un amparo ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo pidiendo una medida de no innovar, con el argumento de que el DNU 669 de 2019 pretende sustituir al poder legislativo y por tanto es inconstitucional.
La medida del ejecutivo establece que "desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado".
Previamente el índice que se tomaba para actualizar el cobro en concepto de reparación arrojaba una cifra mayor, dado que aplicaba la tasa activa anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Ahora, la nueva fórmula no solo no empata con la inflación, sino que apenas llega al 43 por ciento anual.
El nuevo cálculo impuesto por el DNI del gobierno tendrá además una vigencia retroactiva, ya que en el artículo 3 establece que "se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante".
El DNU de Macri recibió numerosas críticas dado que se publicó en el Boletín Oficial a pocos días de la muerte de un obrero en Aeropuerto de Ezeiza. Con la nueva metodología, la reparación que deberían recibir los trabajadores lesionados y la familia del capataz fallecido serán significativamente menores, en comparación con el monto resultante del cálculo establecido por la normativa anterior.
Además del plantear la inconstitucionalidad, los detractores de la medida aseguran el gobierno buscan garantizar la rentabilidad de las aseguradoras.
Por su parte Igolnikov consideró que la medida implica “una suma del poder público toda vez que el Ejecutivo pretende sustituir a los poderes Legislativo (al eludir la discusión en el Congreso) y judicial (al pretender eliminar la doctrina RIPTE)”.
Además cuestionó que la modificación se haga invocando "una razón de urgencia”. Añadió a su vez que la retroactividad “perjudica a todos los que han padecido un siniestro laboral”, además de “no” ayudar “a la Seguridad Jurídica”. También consideró que es negativo “el cambio permanente de las reglas de juego”.