Proyecto. El Gobierno piensa en reformar la reforma del Código Civil y Comercial de 2014. Sostiene que hay conceptos equívocos, limitaciones a las libertades individuales y un sesgo antinegocios.

            El Gobierno está dispuesto a dar la batalla en el Congreso para reformar el Código Civil y Comercial, para darle un sesgo pronegocios que cree no tiene el texto votado por el Congreso en 2014. El Ministerio de Justicia anunció que le ha encargado a una comisión de expertos una revisión de la otra Reforma del Código Civil y Comercial, que Ricardo Lorenzetti creyó sería el monumento a su gestión como miembro de la Suprema Corte de Justicia. En 2014 la comisión que integraban el presidente del tribunal, la jueza Elena Highton de Nolasco y la mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci (una estrella del derecho argentino que fue varias veces considerada para integrar la Corte) entregó un proyecto al Poder Ejecutivo. Fue objeto de un debate en el Congreso en el cual intervinieron lobbies de todo color. La Iglesia logró desmontar cláusulas sobre los llamados embarazos sustitutos o alquiler de vientres. El ministerio de la economía cerrada de Axel Kiccilof impuso otras normas en aquella reforma, que ahora el Gobierno quiere derogar. La más importante es la facultad -que da el código retocado por Carlos Zannini-, que permite que una deuda en dólares sea pagada en pesos. Este artículo fue impuesto por el Poder Ejecutivo como una manera de despolarizar la economía encepada desde 2012. Los sectores empresarios, de la inversión, y los organismos de crédito han entendido que se trata de una condición que entorpece los negocios. También genera inseguridad en los prospectos de colocación de deuda externa, asunto en el cual la Argentina tiene que seguir rindiendo examen de previsibilidad. La idea del Gobierno es que la comisión reponga normas sobre la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios. En la ley que se votó en el anterior gobierno, se había eliminado la cláusula de responsabilidad, con el argumento de que debían ser objeto de otra ley que entendiera sobre el contencioso administrativo. En ese año, la oposición - que hoy es gobierno - entendió que la ley extendía una cédula de impunidad a los funcionarios.

Lorenzetti cree que es artillería contra él

            La firma del decreto que ordena el trabajo a la comisión está fechada por Mauricio Macri y Germán Garavano el pasado martes 6 de marzo, el mismo día cuando Lorenzetti dio un discurso de apertura del año judicial que contenía una larga lista de reproches a todos los poderes. La publicidad de la norma en el Boletín Oficial al día siguiente pareció una respuesta política del Poder Ejecutivo, al que Lorenzetti señaló por la inseguridad y el atraso de la Justicia, además de que provocaba escándalos electorales en cada votación. Esa misma mañana Lorenzetti hizo saber su malestar al Gobierno por haber lanzado esa comisión que toca “su” código. Pareció una descalificación del trabajo de la comisión, pero también una queja al Ejecutivo, que ha consentido críticas de Elisa Carrió hacia su persona. En 2013, la jefa de la Coalición presentó un amparo para frenar el tratamiento del proyecto, con el argumento de que representaba “una nueva muestra del pacto del Gobierno con Lorenzetti”. Bautizó de “cláusula De Vido” a la eliminación de las responsabilidades del Estado y de los funcionarios. Por si faltara, acusó a Lorenzetti de tener un contrato con una editora de libros que publicaría el nuevo texto con sus comentarios, y hacerse así una fortuna con tamaño best-seller.

Carrió cree que el actual Código limita las libertades

            La Justicia rechazó aquel amparo de Carrió, que contenía además el reproche de inconstitucionalidad porque, decía,“ avanza en forma espuria sobre el derecho de propiedad”. En el criterio del Gobierno, el código Lorenzetti tiene serias limitaciones a la libertad individual porque limita las atribuciones de los particulares a pactar en libertad según su conveniencia. Entre aquellas impugnaciones de Carrió que rechazó la Justicia, se enumeraban también restricciones a los derechos individuales al crear figuras como “los valores culturales” o “el paisaje” cuya preservación podrían limitar derechos individuales.

Lorenzetti en la mira por el fallo del 2x1

           En la mañana del miércoles, el ministro Garavano explicó que la comisión tiene como propósito un maquillaje del código según quedó en la votación de 2014. Lo hizo en la reunión de coordinación del Gabinete dedicada esa mañana a temas de la Justicia junto a los jefes de los bloques legislativos del oficialismo. Garavano y los presentes intentaron separar el decreto del gesto agresivo de Lorenzetti de propinarles el martes una filípica, como si recién ahora estuviera debutando en el cargo, y no hubiera estado en ese puesto durante 10 años. La queja, claro, esconde viejas cuitas, porque la mesa de asesores jurídicos del Gobierno lo tiene en la mira al santafesino: cree que quiso descolocar al Gobierno al mandar a firmar el año pasado una acordada que beneficiaba a detenidos por delitos de lesa humanidad, que tenía la firma mayoritaria de los jueces más cercanos al Gobierno, para erigirse él, que firmaba en minoría junto a Juan Carlos Maqueda, en un héroe para las organizaciones defensoras de los derechos humanos. De paso, la muerte de Reinaldo Bignone demoró la salida de una nueva sentencia de la Corte por el 2x1. El ex dictador estaba en la carátula, pero seguían otros nombres. La diferencia ahora es que el Congreso aprobó una ley que permite a Horacio Rosatti cambiar el voto. “Lo que dice Rosatti es cierto ‘Yo tengo un dilema moral: ‘No quiero aplicar el 2x1, pero tengo que respetar la ley’”, dijo de él Carrió en una intervención medular.

No llamaron a expertos por un simple maquillaje

            En el fondo no se trata de un maquillaje. La comisión la integra Julio César Rivera, a quien en la mesa de los asesores presidenciales llaman “el maestro Rivera” porque es una estrella del derecho civil y comercial. También está allí Diego Botana, un abogado de empresas que integró los equipos técnicos de campaña Ernesto Sanz, de donde salieron designaciones importantes en el área de Justicia. Estuvo cerca de ser procurador del Tesoro, y asesoró al Gobierno en temas claves. Ni Rivera ni Botana están para hacer maquillajes.

La hoja de ruta de la nueva reforma tiene su autor

           Esa hoja de ruta tiene autor, es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y gurú jurídico del oficialismo. Fue el autor del dictamen en disidencia del bloque opositor del Pro en 2014 y contiene más de un centenar de sugerencias, muchas de las cuales adoptará la comisión Rivera. Tonelli volvió a la carga con el tema en agosto de 2015 con el mismo pliego de reformas, concentradas en “las limitaciones al derecho de propiedad, a las deudas en moneda extranjera, a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, a las sociedades civiles y al régimen del fideicomiso.” En 2016, y ya siendo Cambiemos el oficialismo, propuso un proyecto corto para por lo menos reponer la cláusula de que las deudas en dólares deben pagarse en esa moneda. Se refería al artículo 766, que propone quede redactado así: “El deudor de sumas de dinero debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la república como si no lo tiene”. La norma que rige hoy y que se pretende cambiar dice: Concepto: La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”. (art.765 y 766). Hasta ahora no fue tratado.

El arco opositor amenaza con humillar bajando el DNU desregulador

            Garavano le ha entregado a la comisión la hoja de ruta del Gobierno sobre los cambios que quiere, para ponerlo en la misma frecuencia que las normas de desregulación que estaban en el DNU de enero, y que ahora sobreviven en los tres proyectos que discutió el miércoles la Comisión de Legislación General de los Diputados, con Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico) y Francisco Cabrera, y ponerle un aire más pronegocios al código. Sobre este entuerto del DNU y su versión desguazada, el Gobierno empezó a trabajar para un escenario más que difícil. Primero, la posición de la oposición parece cerrada en un frente en el cual se vuelven a juntar el justicialismo de los gobernadores (bloque de Pablo Kosiner), el massismo y el cristinismo de Agustín Rossi. Condicionan la sanción de esas leyes a que se revisen decenas de artículos del DNU. Es lo que quería evitar el Gobierno con ese decretazo del verano caliente. El debate lleva a revisión a fondo cláusulas que ya están vigentes por el DNU, y que generan derechos, como los plazos acortados para las licitaciones de programas PPP, el uso del dinero del ANSeS, o la amplitud de la inembargabilidad de las cuentas sueldo