En el marco de un amparo incoado contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una institución educativa, por quien habiendo aprobado con excelencia académica todas las materias recibió un diploma de graduado en vez del título oficial secundario, basándose el establecimiento educativo en que la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada sólo autoriza la entrega del mencionado diploma a quienes, por poseer una discapacidad intelectual cursen bajo la currícula denominada Proyecto Pedagógico Individual creada por Disposición 25/DGEGP/11, declara la inconstitucionalidad de la norma referida por discriminatoria, arbitraria, violatoria del principio de igualdad y contraria a pactos y convenciones que gozan de jerarquía constitucional, ordenando asimismo a la escuela codemandada emitir el título oficial de estudios secundarios correspondiente al actor y al Gobierno de la Ciudad practicar la legalización pertinente.