En un fallo contra el gobierno porteño una jueza incluyó las palabras niñes, todes y representades. Organizaciones antiderechos la denunciaron. ¿El resultado? El Consejo de la Magistratura habilitó a jueces y juezas a escribir con E y anunció la creación de un manual para el uso de lenguaje no sexista.

Elena Liberatori es titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y decidió incluir en el fallo de un recurso de amparo las palabras niñes, todes y representades. El abogado Elias Natanael Badalassi y un grupo de defensores pertenecientes a los colectivos Comisión Federal de Abogados Provida, Abogados Por la Vida e UBA Derecho x La Vida la denunciaron por “dañar y atacar” la identidad cultural de la Argentina. Ayer el Comité de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Ciudad planteó que el lenguaje inclusivo no ataca ni pervierte a nadie y es válido usarlo en la Justicia. También anunciaron la creación de un “Manual para el uso de lenguaje no sexista para el Poder Judicial de la CABA”.

“La identidad cultural es una construcción, no se fuerza desde una policía del lenguaje. Un idioma es como un organismo vivo, dinámico, que se va modificando permanentemente. No me parece que haya que poner normas estrictas de cómo usar el lenguaje, sino hoy estaríamos hablando en castellano antiguo”, dijo a Cosecha Roja Cristina Montserrat Hendrickse, abogada de Liberatori.

A fines de septiembre Liberatori hizo lugar a una acción de amparo impulsada contra el gobierno de la ciudad para que adopte medidas necesarias e inmediatas para “asegurar y financiar el acceso a la educación pública, laica y gratuita de niñes y adolescentes de la CABA”. En ese fallo incluyó la E que despertó la bronca de las organizaciones autodenominadas provida, que la denunciaron con una lista de argumentos que apelan a la moral y al buen uso de la lengua según la Real Academia Española.

“El idioma hace parte de la identidad cultural de toda sociedad y autoriza hacer aplicación del derecho a la identidad y el derecho a la diferencia. Nuestra lengua castellana nos identifica, en comunión con las sociedades a las que también ésta pertenece, y es por ello que, en idéntica defensa de un bien jurídico colectivo de dimensión cultural, debemos los actores e intérpretes de la ley no dañar ni debilitar nuestro derecho a la identidad y a la diferencia con las demás culturas de carácter imperialista”, dice la denuncia contra liberatori.

También ponen como cita de autoridad al filósofo Pablo Muñoz Iturrieta, quien tiene varios artículos publicados contra la “ideología de género”, un término que patologiza a las elecciones sexuales e identitarias. Dicen que la promotora de la “desvirtuación del lenguaje” fue la pensadora marxista francesa Monique Wittig, “quien que sostiene que es necesario destruir el género en el lenguaje porque el idioma es una manifestación de la oposición política entre los sexos”.

Por último aclaran que el reclamo que interpusieron no cercena la libertad personal de Liberatori: “No es una queja a su personalidad, ni a sus ideales –ya sean marxistas y/o feministas- sino su función pública y la arrogada potestad de imponer un lenguaje ideológico lo que nos preocupa”.

Justicia para todes

Vanesa Ferrazzuolo, Presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación, recibió la denuncia y dio intervención al Observatorio de Género del Poder Judicial de la CABA a fin de que se expida en el marco de sus atribuciones. La respuesta de Diana Maffia, Directora del Observatorio respondió que “la utilización de una de las formas de lenguaje inclusivo que la denuncia pone en cuestión no socaba la lengua como bien colectivo ni pone en peligro la administración de justicia sino que se encuentra en línea con diversas iniciativas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encaminadas a fortalecer el acceso a la justicia de grupos sociales subalternizados y responde a una estrategia de inclusión de sujetos diversos al ámbito de la ciudadanía que busca cumplir las promesas constitucionales sobre igualdad y no discriminación”.

Para Maffía el lenguaje constituye una seña de identidad cultural y en consecuencia requiere de su defensa como parte de los derechos de nueva generación. Según su intervención en el caso de Liberatori el uso de la E convive con la utilización de las dobles formas, los sustantivos neutros y los sustantivos colectivos no sexuados o abstractos, entre otras opciones. Razonó que “Colocar una carga supuestamente ´ideológica´ en el uso del lenguaje inclusivo acarrea una lectura ginope del discurso jurídico, toda vez que se evidencia el desajuste entre el lenguaje universal y el alcance de los derechos: una ceguera hacia la ausencia de mujeres y otros sujetos que no son alcanzados por las normas, pero cuya ausencia se oscurece porque ambiguamente el lenguaje parece alcanzarlas”.

Al analizar las instituciones aparentemente inclusivas de la modernidad, sobre todo el derecho, destinado a construir y garantizar igualdad, Maffía dijo que se percibe la sistemática exclusión de las mujeres (por razones de género) pero también de las personas pobres (por razones de clase), la de afrodescendientes e indígenas (por razones étnicas y raciales), por razones de edad (niños, niñas y adolescentes) que quedan fuera de su alcance y bajo dominio de un tipo de sujeto poderoso en todos los sentidos: “el varón, blanco, propietario, adulto, capaz, ilustrado”.

Para Montserrat Hendrickse habría que agraderle a Badalassi por denunciar a Liberatori: “Gracias a su denuncia vamos a tener un manual de lenguaje no sexista, habría que llamarlo Badalassi en su honor”. Ahora la Justicia tendrá fallos para “todes”, y “todos” seguirán con los derechos que ya tenían.

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