Varias asociaciones de defensa de los derechos del consumidor comenzaron a pedir ante la Justicia que retrotaiga la decisión del Gobierno nacional de establecer compensaciones para las empresas proveedoras del servicio de gas por la devaluación, que llevará a que los usuarios paguen un diferencial sobre lo ya consumido.

La asociación civil Protectora, ubicada en la provincia de Mendoza, ya presentó este lunes una acción colectiva en el que solicita una medida cautelar contra la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación. Intervendrá el juzgado federal n. 2 de esa provincia, a cargo d Walter Bento.

El amparo se basa en la alteración de las tarifas sin audiencia pública previa y la violación del artículo 30 bis de la Ley de Defensa del Consumidor por negar el efecto extintivo al pago, como también, infrigir el debe de información que prevé aquella norma. De esta manera, para Protectora, se lesionan los derechos de los usuarios protegidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La acción se suma a la que se inició en los juzgados federales de La Plata, el Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la que pidió sea considerada de alcance nacional, como aquella que logró frenar los aumentos del servicio en 2016 y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, según informó Cepis en sus redes sociales, se pide "la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92".

La presentación funda que "el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado".