El Parlamento griego aprobó hoy, con los votos de la mayoría gubernamental, la legislación con todos los requisitos pendientes para cerrar la segunda evaluación del rescate, incluidos los impopulares nuevos recortes de pensiones y subidas de impuestos para el periodo post memorando.

Los votos de Syriza y su socio de Gobierno, Griegos Independientes (153) fueron suficientes para ser refrendada por la cámara, mientras que 128 diputados votaron en contra.

La aprobación de este texto era un requisito imprescindible para que el Eurogrupo pueda dar luz verde al desembolso del próximo tramo del rescate, de unos 7.000 millones de euros, en su reunión prevista para el día 22.

El Gobierno confía en que los acreedores concederán al país un alivio de la deuda, que alcanza el 179 % del producto interior bruto (PIB) y que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran insostenible.

En los planes de Atenas este alivio de la deuda permitiría a Grecia entrar pronto en plan de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE), lo que a corto o medio plazo pondría al país en posición volver progresivamente a los mercados.

El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, defendió en el debate en la cámara el acuerdo con los acreedores de Grecia y acusó al líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis, de "engañar a la gente".

Tsipras ironizó con que la oposición califique las medidas acordadas a aplicar tras el fin del rescate como "cuarto memorándum", y aseguró que junto a estas medidas se aplicarán las contramedidas de alivio para el bolsillo de los griegos.

Por su parte el líder de la oposición conservadora, Kyriakos Mitsotakis, acusó a Tsipras de haber "convertido su fracaso en un memorando" y le espetó que "si no hubieran engañado a los griegos" el país "estaría en la senda del crecimiento".

La votación se llevó a cabo sin el grupo parlamentario del partido neonazi Amanecer Dorado, que fue excluido de la votación después de que uno de sus diputados agrediera el lunes durante el debate en comisión al portavoz del partido conservador.

Alrededor de 12.000 personas, según la Policía, se congregaron esta tarde ante el Parlamento para protestar contra este nuevo paquete de medidas de austeridad tan solo un día después de celebrarse una huelga general, y culminaron una semana de movilizaciones y paros parciales en servicios públicos.

La manifestación transcurrió principalmente en calma, aunque varios grupos anarquistas lanzaron cócteles molotov a la estatua del Soldado Desconocido situada ante el Parlamento y se enfrentaron con la policía.

En un principio los agentes consiguieron disolver los disturbios con gases lacrimógenos, pero varios incidentes similares se reprodujeron en las inmediaciones de la plaza Syntagma.

El paquete legal aprobado hoy en el Parlamento contempla, entre otros, un nuevo tijeretazo a las pensiones a partir de 2019 y subidas de impuestos a partir de 2020.

El objetivo es un ahorro del gasto estatal e ingresos adicionales por un total de 4.900 millones de euros anuales.

La ley escoba incluye además 88 de las 140 medidas acordadas con los acreedores y que quedaban pendientes de aprobación parlamentaria o de promulgación por decreto.

Entre ellas figuran temas relacionados con el proceso de privatizaciones, la liberalización de profesiones y horarios comerciales o la venta de algunos medicamentos en supermercados.

Para paliar el impacto social, el Gobierno incluyó en la ley un paquete de contramedidas, que a partir de 2019 contempla, entre otras medidas, la reducción del copago en las farmacias para los jubilados con bajas pensiones o la gratuidad para aquellos con ingresos inferiores a los 700 euros mensuales.

Además, prevé ampliar el número de guarderías infantiles, programas de comedores escolares y de creación de empleo.

A partir de 2020 se reducirá del 22 % al 20 % el tipo mínimo del impuesto sobre la renta y del 29 % al 26 % el impuestos empresarial.

Estas contramedidas, sin embargo, solo podrán aplicarse si Grecia cumple con los objetivos para el superávit primario, fijado para 2018 y los años posteriores en el 3,5 % del PIB